La acción y los logros de CCOO en la construcción de una sociedad democrática

    Intervención de Héctor Maravall, abogado de CCOO, ex director del IMSERSO en la jornada sobre movimiento obrero “antifranquismo y democracia. ¡Hicimos!” en la mesa redonda sobre “La influencia de CCOO en las políticas sociales”.

    25/05/2018.
    Héctor Maravall, abogado de CCOO y ex director del Imserso.

    Héctor Maravall, abogado de CCOO y ex director del Imserso.

    Conocer y comprender el papel institucional y las aportaciones de CCOO desde su legalización, exige fijarnos en el contexto en que nos encontrábamos en abril de 1977.

    El sindicalismo de clase de nuestro país la única referencia de actuación en libertad con la que contaba era la UGT durante la II Republica y en mucha menor medida la CNT. Es evidente que el contexto político, social y económico de los años 30 nada tenía que ver con el existente en 1977.

    Por ello, CCOO desde principios de los años 70 tomó como referencias a los grandes sindicatos europeos, fundamentalmente los de orientación comunista, en especial la CGIL y en segundo lugar la CGT, aunque también se buscaban experiencias parciales en sindicatos socialdemócratas nórdicos o centro europeos. Referencias internacionales que también se desarrollaban en un contexto bastante distinto al nuestro en aquellos momentos.

    Desde su creación como organización sociopolítica a mediados de los años 60, las plataformas reivindicativas necesariamente eran muy politizadas y a la vez muy economicistas, eran muy sencillas y a la vez muy ambiciosas, eran muy concretas y a la vez muy genéricas.

    Por diversas razones que ahora sería excesivo detallar, la CGIL, el movimiento obrero italiano y también las luchas políticas del PCI y hasta los debates teóricos que en aquellos años tenían lugar entre los especialistas del Derecho de Trabajo, se convirtieron en el espejo en que nos mirábamos.

    En nuestras propuestas básicas se incluían exigencias tradicionales de la izquierda comunista: nacionalización de la banca y de la energía, reforma agraria, medidas antimonopolistas, la cogestión de la sanidad y de la seguridad social, el pleno empleo o el acortamiento de las diferencias salariales. A la hora de identificar nuestras alternativas de financiación, las resumíamos en ideas como reforma fiscal “para que paguen más los que más tienen”, reducción drástica de los gastos militares…

    Por otra parte, adolecíamos de un cierto “pansindicalismo” a la hora de exigir la negociación de las políticas con los sindicatos, sin valorar el papel de las Cortes democráticas y con ciertas reticencias al posible protagonismo de los partidos políticos. Y en segundo lugar considerábamos que los acuerdos exclusivos con la patronal (excepto los convenios colectivos) representaban “un pacto social”, modelo rechazable para un sindicato de clase sociopolítico. Incluso teníamos reticencias hacia los modelos de “Estado de bienestar social” impulsados por la socialdemocracia, ya que pensábamos, mas o menos abiertamente, que era una especie de pacto interclasista, por el cual a cambio de mejoras sociales se renunciaba a cuestionar y combatir el sistema capitalista.

    En otro sentido, al sindicato y en general a la izquierda española aun no habían llegado las propuestas “ecosocialistas” y de “crecimiento cero” que encabezaba Rudolf Bahro o las reflexiones sobre “la austeridad” que venía haciendo Berlinguer.

    CCOO en los primeros años de la democracia tenía además un grave problema en su relación con UGT y viceversa. Considerábamos que el modelo sindical ugetista era reformista, calcado de la DGB alemana, supeditado a los intereses políticos del PSOE, y reacio a la acción unitaria en los centros de trabajo, a través de órganos de representación elegidos por todos los trabajadores. Y a la vez contábamos con una patronal que se estaba creando desde los residuos franquistas del sindicato vertical, profundamente reaccionaria y anticomunista y proclive a entenderse con UGT mucho antes que con CCOO.

    Por último y a diferencia del PCE, que tenía numerosos y valiosísimos cuadros expertos en todas las materias necesarias para la construcción del nuevo estado democrático y de la propia UGT, que se apoyaba en los dirigentes socialistas y en asesores internacionales, CCOO no contaba con ese acerbo de apoyo técnico-político. Disponía, eso sí, de muchos y muy luchadores abogados laboralistas, algunos economistas, algunos profesionales de la salud y nada más. Como dato curioso en los primeros años de la legalización, la Confederación solo dispuso como asesores permanentes, un economista, Antonio Gallifa y un jurista, Héctor Maravall.

    Afortunadamente la estrecha relación de Nicolás Sartorius y Julián Ariza con la dirección ejecutiva del PCE, permitió tener acceso al trabajo que desde el grupo parlamentario comunista se estaba empezando a hacer, y a la vez influir en ese trabajo.

    Este era en líneas generales el punto de partida en el verano de 1977. Así que podemos imaginarnos lo rápido que tuvimos que aprender.

    A partir de las primeras conversaciones y negociaciones con el nuevo gobierno democrático de UCD, los objetivos de CCOO se fueron concretando básicamente en los siguientes:

    Que la democracia entrara en las empresas

    Desarrollar un sistema de protección al desempleo, de sanidad y pensiones, universal y suficiente para todos

    La Amnistía Laboral

    La devolución del patrimonio sindical

    Una legislación que reconociera el papel de los Sindicatos en la negociación de las políticas sociales y económicas y su participación en la gestión de las políticas sociales

    El pleno empleo

    Una nueva política salarial, en el marco de un amplísimo abanico salarial y de una altísima inflación

    El reconocimiento del derecho de huelga, mediante su autorregulación

    Los instrumentos para conseguirlo, además de las negociaciones tripartitas con el gobierno, se concretaban, entre otros, en un “Código de Derechos de los Trabajadores” (que posteriormente pasamos a denominar “Estatuto”), una Ley de acción sindical en la Empresa, y por supuesto en una Constitución democrática. Todo ello con fuertes influencias italianas.

    Una parte de esos objetivos eran asumidos por UGT (y en cierta forma por el PSOE) pero otros claramente no y sobre otros realmente no tenían especial interés (como era el caso de la Amnistía Laboral, que apenas les afectaba).

    La negociación y aprobación de los Pactos de la Moncloa, si bien formalmente se realizó en exclusiva con los Partidos, CCOO trasladó propuestas y opiniones a los negociadores del PCE y también por diversos medios al propio gobierno, con el que había varios canales de dialogo y consulta abiertos desde el verano de 1977.

    El gobierno de Suarez aceptó la negociación con patronal y sindicatos del desarrollo de una parte sustancial de los Pactos de la Moncloa. La negociación fue durísima, por tres razones. UGT fiaba los cambios normativos a la futura llegada del PSOE al gobierno y al igual que este partido le interesaba desgastar a la UCD. La CEOE quería bloquear lo más posible el cumplimiento de los Pactos, con los que nunca había estado de acuerdo. Una parte del propio gobierno consideraba que se había ido muy lejos en las concesiones a la izquierda y también buscaban desnaturalizarlos. Así que el interés de CCOO solo hallaba eco en el poderoso e inteligente Vicepresidente Abril Martorell y los Ministros de Trabajo, Jiménez de Parga y Calvo Ortega.

    En las negociaciones la representación de CCOO, dirigida siempre por Nicolás Sartorius, contó con la participación en una primera etapa de López Bulla, Tomas Tueros y García Salve, y posteriormente fueron sustituidos por Julián Ariza, José Luis Gaytán, Pepe Torres, Agustín Moreno…Y siempre como asesores Antonio Gallifa y Héctor Maravall.

    CCOO asumimos pronto que en ese marco tan hostil de las mesas de negociación (por cierto, en más de una ocasión mientras estábamos reunidos en Castellana 3 escuchábamos los gritos de manifestantes de extrema derecha tras algún atentado de ETA), no podíamos acudir con meros slogans. Teníamos que llevar propuestas bien elaboradas y argumentadas.

    Nos pusimos a ello con urgencia. Hay que decir que la dirección confederal se implicó a fondo en esa tarea y los debates no fueron sencillos. El Secretariado y la Comisión Ejecutiva, que se diga lo que se diga eran muy plurales, incluidos los dirigentes comunistas y muy celosos de su independencia, discutieron mucho y con mucha pasión, doy fe de ello, dado que era quien levantaba las actas.

    De esos meses de elaboración y debate, surgieron nuestras propias alternativas, en primer lugar, el Código y luego la Ley de Acción sindical. Después elaboramos numerosas propuestas en relación a la Constitución, a la Amnistía, al patrimonio sindical, a la huelga, a la Seguridad Social, a la Sanidad, a la negociación colectiva a la participación institucional….así como enmiendas a proyectos de ley, que hacíamos llegar al grupo parlamentario comunista.

    La construcción de los pilares del Estado de Bienestar Social, aunque fue un proceso culminado formalmente por los gobiernos del PSOE, recogió buena parte de las propuestas de CCOO (también de UGT), aunque hay que decir que nuestra cierta obsesión de ganar por goleada (que no nos dejaba distinguir la critica a lo negativo a la vez que el reconocimiento de lo positivo) nos impidió capitalizar debidamente esos claros avances.

    Algo parecido sucedió con el Estatuto de los Trabajadores. Leyendo hoy desapasionadamente el texto original aprobado por el gobierno de la UCD en marzo de 1980, podemos sacar dos conclusiones: el modelo de derechos sindicales y laborales que se reconocía estaba muchísimo más próximo al de CCO que al de UGT y la segunda conclusión es que los derechos que se reconocían ojalá estuvieran vigentes hoy. Y sin embargo la referida visión maniquea que a menudo teníamos, casi nos llevó a hacer una huelga general en solitario (realizamos paros de 2 horas y numerosísimas manifestaciones) y encima fue causa de un profundo distanciamiento en el seno de la dirección confederal y de una parte de esta con la dirección mayoritaria en aquel momento del PCE.

    A finales de los años 70 la presión y la capacidad negociadora de CCOO logró avanzar en la institucionalización de la Seguridad Social (INSS, INSALUD, INSERSO, ISM, Tesorería General, INEM…) y en la puesta en marcha de los órganos tripartitos de control a nivel estatal y provincial, a pesar del desinterés de UGT y del boicoteo de la CEOE. Nuestra actuación a partir de ese momento fue decisiva para la modernización, transparencia y buena gestión de la Seguridad Social.

    La ley de Amnistía, la devolución del patrimonio sindical (a pesar de los retrasos y el favoritismo a UGT), la Constitución de 1978, etc. contienen claras huellas de las reivindicaciones de CCOO. Lo único que no logramos fue la ley de acción sindical y la ley de convenios colectivos, que estuvimos a punto de conseguir, pero la indiferencia de UGT y del PSOE y la feroz campaña de CEOE, hicieron dar marcha atrás en el ultimo momento al gobierno de Suarez, que ya había presentado los proyectos de ley en el Congreso de los Diputados. (En todo caso el Estatuto recogió buena parte de lo incluido en los dos citados proyectos de ley).

    Son algunos de los hitos que conseguimos, pero tampoco hay que olvidar lo que impedimos. Hay que hacer referencia muy en especial a que paramos el primer intento de contrarreforma y privatización del sistema de pensiones, cuando este se estaba creando. Con una ofensiva durísima de la patronal, que se creció ante una posición vacilante del ministro Fuentes Quintana. Las propuestas, argumentos y presión de CCOO fueron decisivos para impedir esa contrarreforma.

    En los años 80 y posteriores, CCOO, unas veces en solitario y frente a todos, otras en mayor o menor sintonía con la UGT, tuvo un activismo papel en Acuerdos tripartitos como el ANE, en el diseño de la Ley General de Sanidad, en la Ley de Prestaciones No Contributivas. Tan solo hay que decir con espíritu autocritico que tardamos demasiado en implicarnos en las políticas de Servicios Sociales, la LISMI, el Plan Concertado o los Programas para Mayores previos al Plan Gerontológico, el Turismo y el Termalismo Social, los programas europeos de lucha contra la pobreza, etc.; afectados por la extrema debilidad de nuestra Federación de Pensionistas y las escasísimas relaciones con las ONGs de la discapacidad o de la lucha contra la exclusión. Aunque ya en los años 90 afrontamos estas cuestiones con la importancia y repercusiones que tenía.

    En definitiva, hoy cuando desde tantos ámbitos, incluidos progresistas, se cuestiona el papel de los Sindicatos, hay que contestar con absoluta firmeza y convicción, que sin la capacidad de presión y negociación de los sindicatos de clase y en primer lugar de CCOO, las clases populares de nuestro país y muy en especial las clases trabajadoras, vivirían y trabajarían en muchísimas peores condiciones.

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