¿A qué espera este Gobierno?

    14/01/2019. Ramón Gorriz

    En el Acuerdo de 11 de octubre de 2018 para los Presupuestos Generales del Estado 2019, entre Gobierno del PSOE y Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, se recogía la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 antes de 2018. También se acordó que con carácter prioritario y urgente se aprobara una nueva regulación laboral, tramitando las propuestas de ley referidas a la Negociación Colectiva e iniciando en 2019 los trabajos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI en el marco del Diálogo Social. Todas estas cuestiones vienen siendo exigidas y reivindicadas desde hace largo tiempo por los sindicatos confederales, anteriormente ante el Gobierno del PP, y se hicieron llegar a todas las fuerzas políticas en vísperas de las elecciones de 2015.

    Los sindicatos han reiterado la necesidad de revertir la reforma laboral, de recuperar las normas que protejan los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que el empleo estable y con derechos sea la condición necesaria para el sostenimiento de la calidad del empleo en un modelo productivo eficiente.

    Es sabido y existen multitud de balances que las reformas laborales efectivas de 2010 a 2012 han sido un torpedo en la línea de flotación de la Negociación Colectiva, institución fundamental de las relaciones laborales. Han transformado la razón de ser del Derecho del Trabajo, que es reequilibrar a través de los sindicatos la situación de inferioridad en la que se encuentra el trabajador frente al empresario. Se ha reformado siguiendo las directrices de las élites económicas y políticas, mundiales, europeas y españolas, con unos objetivos claros: la devaluación salarial, el incremento del poder empresarial y el debilitamiento de la Negociación Colectiva y de los sindicatos.

    Concretamente, la reforma del 2012 del Gobierno del PP ha desmontado el modelo democrático de relaciones laborales, sustituyéndolo por otro donde prima el poder económico empresarial y la autoridad unilateral de los poderes públicos.

    La reforma trata la regulación del trabajo como un mero factor económico, que carece de valor democrático y político y que conlleva el recorte de los derechos fundamentales de libertad sindical, Negociación Colectiva y derecho de huelga.

    Los sindicatos juegan un papel central en todos los asuntos que afectan a las relaciones laborales, no pueden renunciar a su estrategia de Diálogo Social, ni a la presión social y la movilización necesaria para generar una correlación de fuerzas favorable al avance de los objetivos sindicales.

    Durante los seis meses que ha habido negociaciones en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos se han tratado y acordado distintos temas, algunos se han concretado en acuerdos otros seguirán negociándose.

    Los acuerdos recogen elementos tan importantes como son: la prevalencia aplicativa de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa; la actuación contra el abuso de la contratación temporal impidiendo que las empresas contratistas y subcontratistas realicen contratos de obra o servicio, alegando como causa la celebración de una contrata o subcontrata; la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos; la necesidad de modificar el artículo 42 para garantizar la igualdad de derechos de los trabajadores subcontratados; la inaplicación de los convenios, la reposición del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años; etc. Cuestiones todas ellas que no deben esperar al debate sobre un nuevo Estatuto de los trabajadores y que suponen de manera inmediata, una recuperacion de derechos muy importantes para el futuro de los trabajadores y trabajadoras. Además, la aprobación de estas medidas no va a impedir que se sigan negociando otros aspectos importantes que las reformas modificaron en contra del marco de la NC.

    CCOO, consciente de la necesidad urgente de revertir los elementos lesivos y de que las negociaciones no se pueden empantanar por el bloqueo y las maniobras dilatorias de algunas de las partes comunicó los resultados de estas negociaciones.

    La comunicación pública de los acuerdos a los que se ha llegado en la mesa de la negociación realizada por la Confederación Sindical de CCOO ha dejado al descubierto las diferentes versiones del Gobierno y de las organizaciones empresariales.

    Por un lado, el Ministerio de Trabajo, negando que hubiera acuerdo, pero reconociendo que había reuniones de Diálogo social, y que estaba más de acuerdo con los sindicatos que con CEOE-CEPYME. Estas declarando que se les había excluido del preacuerdo y que lo ignoraban.

    En el fondo una vez más, CEOE-CEPYME comunican su veto al Gobierno, al declararse defensores del marco de relaciones laborales que sancionó la Reforma Laboral que el PP aprobó por decreto al margen del diálogo social y con su beneplácito.

    Las reformas pueden excluir los derechos de los sindicatos, pero no reducir el poder unilateral de las organizaciones empresariales.

    Los empresarios deberían recordar su actuación ante la reforma del Gobierno del PP en febrero de 2012. Días antes habían llegado a un acuerdo con los sindicatos para la modernización de la negociación colectiva, trasladada al Ministerio de Empleo. Rápidamente lo olvidaron, unos y otros y lo metieron al cajón y de aquello nunca más se supo. Más tarde en la Negociación Colectiva, aplicaron donde pudieron la reforma laboral y el ataque brutal a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por cierto, no se había negociado en la Mesa del Diálogo Social. Hoy, seis años después de la aprobación del Decreto Ley de febrero de 2012, con el grave y desfavorable balance, vuelven a defender los artículos que solo han servido para aumentar la precariedad, la devaluación de los salarios, el empleo precario, la desigualdad y el aumento de trabajadores y trabajadoras pobres.

    Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada y anterior Presidente del Círculo de Economía de Barcelona, escribía “que la reforma más urgente, que se necesita en España, es sin duda un cambio en la estructura empresarial, teniendo en cuenta que el mercado laboral es tanto o más flexible que el de la mayoría de los países de la OCDE, y que la mayor restricción a la competitividad y al crecimiento viene de otros rasgos de la economía española como son, la pobre calidad media de la gestión empresarial, la escasa dimensión media de las empresas y los efectos que estos rasgos tienen en la competitividad”.

    Escuchando estos días las declaraciones de CEOE y CEPYME, queda claro que esta reforma empresarial de la que hablamos está por hacer y no se ve voluntad política de llevarla a cabo.

    El Gobierno de Pedro Sánchez haría bien en cerrar rápidamente el Acuerdo con los sindicatos y presentarlo a la mayoría social de este país. Es urgente la reversión de los aspectos más negativos de la reforma laboral y no se puede esperar más.

    El Diálogo Social no es un menú a la carta, donde el Gobierno picotea, aquello que cree que le interesa, al margen de que se haya negociado y concretado. Esta forma de actuar del Gobierno lo devalúa y deslegitima.

    La moción de censura que llevó al Gobierno, al Partido Socialista, generó una gran esperanza en la mayoría social. Ahora debe concretarse, pronto, y dar frutos en el terreno de una mejora sustancial de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. “No donde dije digo, digo Diego”.

    Siempre a finales de año, los Ministros de Economía de los Gobiernos suelen presentar los resultados de las medidas de política económica tomadas. No descubro nada nuevo, al decir que las grandes cifras de la economía no deben esconder a los millones de personas que sufren: la falta de empleo, la devaluación salarial, la pobreza y las brechas sociales que recorren territorios importantes de la Península Ibérica.

    Estas personas exigen una distribución justa de los beneficios obtenidos que acumulan desde hace años las élites económicas y financieras que gobernaron y se enriquecieron durante la crisis.

    El Gobierno debe aprobar los acuerdos a los que ha llegado con los sindicatos, en la Mesa del Diálogo Social y tramitarlos a través de un Real Decreto ya.

    Sin modificar los elementos más lesivos de la Reforma Laboral, que apuntan a un nuevo marco legislativo e institucional sobre el trabajo. Sin derogar todas las normas que restringen la democracia empezando por eliminar el artículo 315.3 del Código Penal, y algunos artículos de la Ley Mordaza, es complicado que la esperanza en el progreso acumule la fuerza necesaria contra la derecha conservadora y reaccionaria.

    Artículo en La Fundación SISTEMA Ver

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